Rebelión.org publica una entrevista a Enrique Santiago - abogado experto en Derecho internacional, asilo...etc- acerca de la detención y deportación irregular de Pérez Becerra.
6 de mayo de 2011
5 de mayo de 2011
Soldado relata cómo asesinaron un campesino y lo disfrazaron de guerrillero
FUENTE: NOTICIAS UNO COLOMBIA; EXTRACTO AGENCIA PRENSA RURAL.
Continúan los hostigamientos y las amenazas en contra de los asociad@s a ASFADDES.
LA REPRESIÓN Y AMENAZAS CONTRA LAS ORGANIZACIONES CIVILES CONTINÚA EN COLOMBIA, EN LA "DEMOCRÁTICA" LEGISLATURA DE LOS HEREDEROS DEL URIBISMO. ASFADDES LLEVA MÁS DE DOS DÉCADAS LUCHANDO POR LA MEMORIA DE SUS SERES QUERIDOS, PERSONAS DESAPARECIDAS FORZADAMENTE:
COMUNICADO
Continúan los hostigamientos y las amenazas en contra de los asociad@s a ASFADDES.
La Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADDES denuncia ante la comunidad Nacional e Internacional los siguientes hechos:
- El día 26 de abril de 2011 en horas de la mañana, el joven ALEJANDRO ÁLVAREZ GÓMEZ, estudiante universitario e hijo de GLORIA GÓMEZ CORTÉS Coordinadora General de la Asociación de Familiares de Detenidos – Desaparecidos ASFADDES, fue hostigado y amenazado por tres sujetos, uno de ellos vestía prendas de uso exclusivo de las fuerzas militares.
4 de mayo de 2011
La Corte Penal Internacional ha anunciado que peseguirá a...
¡Líderes de Libia!. En Libia sí. En Colombia no. La CPI tiene ceguera para unos continentes y no otros; para unos criminales y no otros. Esa es la información que hoy publica el diario Público.
La CPI no cumple con sus obligaciones debido a los intereses geo-estratégicos de las potencias que la cimentan, a pesar del gran número de estados signatarios de la misma. O al menos esa es nuestra humilde opinión.
Y, ¿ por qué nos sorprende este actuar?
3 de mayo de 2011
Resumen de noticias de REDHER
Desde la Plataforma de Solidaridad con Colombia difundimos el boletín informativo de la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia:
2 de mayo de 2011
CARTA ABIERTA A LA EMBAJADA DE VENEZUELA EN MADRID
Como muchas otras personas independientes y organizaciones a lo largo de Europa y Suramérica, la Plataforma de Solidaridad con Colombia y otras organizaciones remitieron el Jueves pasado vía correo electrónico una carta de protesta acerca de la deportación de Joaquín Becerra, dirigida al presidente venezolano, Hugo Chávez.
Aquí está:
CUANDO EL ESTATUTO DE ASILADO SE CONVIERTE EN PAPEL MOJADO...
 |
| fotografía de AP, tomada de web Semana |
... pues ocurren cosas como la que ocurrió la semana pasada. El periodista colombo-sueco Joaquín Pérez Becerra, fue detenido en Venezuela y deportado a Colombia para rendir cuentas por acusaciones - las de siempre- con las pruebas de siempre - el computador de Reyes...-. Esas pruebas que hasta la misma Interpol puso en duda.
Sin entrar en detalles, parece que por el momento tenemos tan sólo una clara: que una llamada de un genocida a un presidente, cuando está avalada por jugosos contratos mercantiles, u oscuras promesas geopolíticas- ¿quién sabe?-, vale mucho más que la legalidad internacional. Por eso, aunque no está nada claro que efectivamente hubiera órdenes de la Interpol para actuar, y pese a que Joaquín Becerra fuera exiliado político en Suecia, ciudadano sueco, y NO ciudadano colombiano, fue deportado como una garrafa de gasolina de contrabando. Una cabeza más que contará como trofeo, un chivo expiatorio más que pagará por su papel informativo.Una persona más que engrosará las listas de presos-as políticos-as en Colombia, pese a que hace más de dos décadas huyó de ese país para evitarlo.
Otro triste ejemplo en el que la Historia nos demuestra que los derechos y leyes, pese a constituir un horizonte y una herramienta de vindicación de la dignidad, la solidaridad y la igualdad, son en la mayor parte de ocasiones papel mojado.
27 de abril de 2011
10 de abril de 2011
Rechazamos la visita de Juan Manuel Santos a España (actualizado)
comunicado y adhesiones a 12/4/2011,10 am :
6 de abril de 2011
Acto contra la extradición de Leyla
Acto contra la extradición de Leyla y de presentación del libro "Nos matan y no es noticia. Parapolítica de Estado en Colombia".
Intervienen: Ricardo Ferrer Espinosa (autor del libro), Leyla y Enrique Santiago (abogado)
LUGAR: CAUM. Plaza de Tirso de Molina 8, 1º.
FECHA: miércoles 06-04-11 a las 19:30hs.
Intervienen: Ricardo Ferrer Espinosa (autor del libro), Leyla y Enrique Santiago (abogado)
LUGAR: CAUM. Plaza de Tirso de Molina 8, 1º.
FECHA: miércoles 06-04-11 a las 19:30hs.
21 de marzo de 2011
DE LO QUE NO SE HABLA
... TERMINA POR OLVIDARSE, O NO EXISTIR:
Mientras Naciones Unidas legitima a varios países occidentales a intervenir militarmente en Libia para defender sus intereses económicos, en nombre de los DDHH, debido a que el estado Libio ha usado la violencia contra civiles...
Mientras Naciones Unidas legitima a varios países occidentales a intervenir militarmente en Libia para defender sus intereses económicos, en nombre de los DDHH, debido a que el estado Libio ha usado la violencia contra civiles...
Otros terroristas de estado cometen los mismos crímenes, pero esta vez protegidos por las mismas potencias, y en nombre de los mismos supuestos principios que dicen representar y defender...
18 de marzo de 2011
De halcón a paloma: Juan Manuel Santos
 |
| "-¡ Qué bien te tengo enseñado!" |
"En noviembre de 2005, el ministerio de defensa aprobó una directiva secreta que ponía precio a la cabeza de los guerrilleros. Los militares se dedicaron a asesinar civiles, haciéndolos pasar por «rebeldes caídos en combate» que llamaron «falsos positivos». La Fiscalía General investiga unos tres mil casos, entre los que se encuentran adolescentes, retrasados mentales, indigentes, drogadictos... Cuando Santos llegó al ministerio, en julio de 2006, se registraron 274 casos de «falsos positivos». Al año siguiente, se subió al tope: 505 asesinados... Ante el escándalo mediático y los informes del Alto Comisionado de la ONU, la práctica se detuvo: en 2009, siete casos... 27 oficiales fueron pasados a retiro, incluidos tres generales, pero… sin atribuirles los asesinatos. La ONU expresó, en julio de 2009, que «la impunidad en relación con ejecuciones extrajudiciales llega hasta el 98,5%.» "
Este es uno de los párrafos de un artículo que analiza la reciente trayectoria del presidente colombiano. En resumen, presta atención a los cambios en las digamos formas superficiales de política exterior, que ha representado Santos, pero enfatizando que sigue siendo la cabeza de un estado criminal.
Fuente:
Hernando Calvo Ospina, "Juan Manuel Santos, de halcón a paloma " en Red Voltaire.
17 de marzo de 2011
Presentación del libro “Volver a nacer. Memoria desde el exilio del genocidio de la Unión Patriótica en Colombia”
Jueves 17 de marzo de 18h a 20h, La Marabunta:C/ Torrecilla del Leal, 32. Lavapies, Madrid
Tras el acuerdo, en 1984, entre el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC para cesar el fuego, surgía un movimiento político en el cual los guerrilleros participarían cambiando el fusil por el discurso: la Unión Patriótica. Al proyecto se sumaron muy diferentes fuerzas políticas y sociales que buscaban una vía pacífica para llevar a cabo los profundos cambios que Colombia necesitaba. Los magníficos resultados obtenidos en las elecciones de 1986 desencadenaron el comienzo del genocidio político de la UP: en menos de una década fueron asesinados, desaparecidos, torturados y encarcelados unos 5.000 simpatizantes y militantes, la mayoría a manos de paramilitares, militares y policías plenamente identificados, a pesar de que no ha habido casi ninguna condena. Durante todos estos años de persecución, centenares de militantes de la UP abandonaron Colombia para escapar de las balas. “Volver a nacer” reconstruye la trágica historia de este partido a través de los testimonios de las y los exiliados en España.
fuente: La marabunta
14 de marzo de 2011
NOTICIA ALEGRE
A continuación reproducimos una noticia recientemente publicada en rebelión.org. Después de dos años la verdad salió a la luz: Remedios es inocente.
Remedios fue acusada de ser parte de las FARC, y actuar como enlace con ETA en España. ¿Qué ocurrirá con el caso de Leyla? ¿Terminará en una campaña de acoso y desprestigio más?
Les pedimos un único favor: miren las fotos de esta noticia y piensen.
Remedios fue acusada de ser parte de las FARC, y actuar como enlace con ETA en España. ¿Qué ocurrirá con el caso de Leyla? ¿Terminará en una campaña de acoso y desprestigio más?
Les pedimos un único favor: miren las fotos de esta noticia y piensen.
NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
NO A LA EXTRADICIÓN DE LEYLA.
Al juez Velasco se le cae la causa contra Remedios García y contra el Gobierno de Venezuela
| Después de tener procesada un año a Remedios sin siquiera interrogarla, le levanta el procesamiento reconociendo que no tiene ninguna relación con ETA. Sobre Venezuela, ya no habla de militares ni funcionarios, sino que afirma que los entrenamientos de etarras los hacen por su cuenta, sin ninguna intervención del Gobierno venezolano. |
Eloy Velasco, magistrado al frente del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional de Madrid, emitió el pasado 7 de marzo de 2011 un auto de procesamiento en el que corrige las acusaciones que contra Remedios García Albert y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela realizaba hace ahora justamente un año, en un auto que sirvió para alimentar una campaña propagandística que presentaba a Venezuela como un "santuario para los terroristas" y al Gobierno venezolano como "facilitador" de la supuesta conexión entre ETA y la guerrilla de las FARC en su territorio, con Remedios García como "pieza clave de enlace" entre ambas organizaciones.
Las mentiras se han publicado y la calumnia se ha repetido como un mantra durante este tiempo -un año desde el procesamiento por parte del juez Velasco, dos años y medio desde el primer procesamiento de Remedios por el juez Garzón- sin que Remedios haya sido llamada a declarar ante ningún juez, ni haya podido defenderse de las acusaciones contenidas en ambos autos.
Finalmente, a Velasco no le queda más remedio que reconocer que no tiene causa contra Remedios ni contra Omar Arturo Zabala, y por tanto deja sin efecto el procesamiento acordado en auto de 24/02/2010 y las medidas cautelares acordadas contra ambos. Y Remedios comparecerá para declarar en condición de testigo y no de imputada, el 21 de marzo.
También se extrae de la lectura del auto emitido el 7 de marzo por el juez Velasco, que no hay absolutamente ningún sustento para alegar que haya existido colaboración institucional por parte de Venezuela con el entrenamiento y actividades de ningún miembro de ETA en su territorio, tal y como se publicó irresponsablemente hace un año.
El auto afirma, textualmente:
"Remedios García Albert y Omar Arturo Zabala Padilla, miembros de la Comisión Internacional de las FARC que en diversas ocasiones visitaron los campamentos de esta organización terrorista, no participaron en la gestión ni en la organización de los cursillos sobre armamento y explosivos con miembros de la ETA que Arturo Cubillas propició, limitando su labor en los mismos al adiestramiento en labores de uso de telecomunicaciones con los guerrilleros de las FARC, así como propaganda, adoctrinamiento político, confección de materiales para su publicación en webs, reportajes y la revista Resistencia, labores a las que se debe añadir las de apoyo logístico material, principalmente desde España, que se enjuician en las DP 261/08 del JCI 5 AN".
De esta forma, el juez Velasco reconoce que no tiene elementos para acusar a Remedios García y Omar Arturo Zabala de colaboración con ETA, pero plantea que el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la causa abierta en julio de 2008 por el juez Baltasar Garzón, debe imputarles el delito de "integración en organización terrorista", basándose en las siguientes "pruebas":
- Los presuntos "correos electrónicos" (no hay ni un sólo correo electrónico, sino documentos de texto) supuestamente encontrados en el ordenador mágico, presuntamente incautado al comandante de las FARC Raúl Reyes, asesinado el 1 de marzo de 2008 en una operación conjunta de la Fuerza Aérea Colombiana con el Ejército estadounidense de bombardeo contra el territorio de Ecuador, violatorio de la soberanía de este país y que constituyó un crimen de guerra.
- Los testimonios de presuntos ex guerrilleros arrepentidos de quienes solamente se proporcionan los alias, y que afirman haber visto a Remedios en tal o cual campamento, y realizan diveras acusaciones contra su persona.
Se trata de la mismas y únicas pruebas que la Fiscalía colombiana tiene para judicializar y perseguir al periodista William Parra, y a la socióloga y defensora de derechos humanos Liliana Obando (actualmente en prisión, engrosando la lista de los más de 7.500 presos políticos del régimen colombiano). Tras la masacre cometida en el campamento de Raúl Reyes, el Gobierno colombiano trató de sostener una campaña propagandística para acallar el escándalo de la parapolítica, y construyeron el escándalo de la "Farc política", pero con el tiempo ninguna de las acusaciones que hicieron contra los políticos, periodistas y activistas que desde la izquierda señalaban sus crímenes, se pudo sostener en un tribunal. ¿La razón? Esas pruebas, que ahora se esgrimen contra Remedios en un auto judicial y en la prensa, sin darle opción a defenderse, sencillamente no resisten el menor contraste, y los montajes judiciales se caen al primer careo con la realidad.
Acusar sin pruebas
El "Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia", supuestamente incautados en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.
En el propio informe se asegura, en diversos puntos, y en la conclusión 2b, que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades y no se siguió el protocolo internacional que admitiría un tribunal:
“Conclusión no 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. ” (Pag. 8, Párr. 5)
Incluso en otro punto se pone en duda que un tribunal lo admita:
“77. Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley acceden directamente a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualización quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas.” (Pág. 31, Apdo. 77)
En ningún apartado de este informe, se hace alusión a qué procedimientos llevó adelante el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, entre el 3 de marzo a las 11:45 y el día 10 de marzo, en que las supuestas pruebas fueron entregadas a la INTERPOL. Las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y sin respetar la debida cadena de custodia y, por tanto, no debería ser válidas ante ningún tribunal.
Según el mismo informe de la INTERPOL se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema.
El informe asegura que entre el 1º y el 3 de marzo se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema. Indica, asimismo, que de los archivos de usuario sólo se hicieron aperturas, o sea que sólo se leyeron sin supuestamente modificar sus contenidos. Sin embargo, no indica qué archivos de sistema son los afectados y por qué, particularmente, fueron borrados algunos de ellos
Aparecen miles de documentos con fechas a futuro (1) que, según el mismo informe, puede que se generaran desde otras computadoras con estas fechas erróneas. Esta misma argumentación sería válida para asegurar que cualquier documento con fechas pasadas también podría haber sido modificado y transferido desde otras computadoras.
La Justicia española, vergonzosamente al servicio de la guerra en Colombia
Durante el último año hemos asistido a una ofensiva por parte del Gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos, que ha recurrido a los montajes judiciales para criminalizar a periodistas y activistas sociales, y para quitar del camino voces molestas. En septiembre de 2010 El Procurador colombiano (ente supuestamente encargado de controlar a los servidores públicos), Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora liberal Piedad Córdoba, con destitución e inhabilidad por 18 años "por haber promocionado y colaborado con las Farc".
El delito que realmente se persigue en todos estos casos es el haber promovido el intercambio humanitario de prisioneros entre las FARC y el Estado colombiano, las dos fuerzas beligerantes de una guerra que el Estado colombiano se niega a reconocer mientras bombardea a población civil y millones de campesinos son desplazados por el narco-paramilitarismo auspiciado y amparado por el Estado (como pone en evidencia, por ejemplo, el escándalo del DAS y la sentencia contra su director, Jorge Noguera Cotes).
Perseguir y promover un diálogo político para allanar el camino de la paz con justicia social en Colombia. Ese es el crimen también de Remedios, aunque no solamente de ella...
En el año 2000 Eduardo Zaplana recibió a Raúl Reyes y a una delegación de las FARC en un viaje que hicieron a Europa. Les recibió en el Palau de la Generalitat con honores de Jefe de Estado. Hasta ahora, no hemos visto ninguna acusación contra Zaplana ni conocemos su "alias" de guerrillero, pero a juzgar por el razonamiento del juez Velasco en su auto, debería ser igualmente imputado por "integración en organización terrorista", ya que uno de los delitos de Remedios habría sido ser "favorecedora de responsables de las FARC en foros internacionales".
Pero claro, era el año 2000, las FARC eran consideradas una organización beligerante en un conflicto armado que nadie se atrevía a poner en duda, y del que se pensaba que no había otra salida que el diálogo político. No había habido 11 de septiembre de 2001, ni la UE se había plegado a la estrategia estadounidense de "guerra global contra el terrorismo", ni se había aprobado por parte del Consejo de Europa una lista construida arbitrariamente y sin ningún sustento judicial ni parlamentario, de organizaciones consideradas "terroristas", en la que se incluyó a las FARC.
Una injusticia muy lenta
Hace dos años y ocho meses que Remedios García Albert dejó de ser una ciudadana con plenos derechos para pasar a un limbo legal y un linchamiento mediático del que no puede defenderse, porque mientras dan por buenas las "evidencias" fabricadas por el Estado genocida de Colombia, que se ha permitido incluso espiar e intervenir comunicaciones a diputados, europarlamentarios y abogados de media Europa, ningún juez la está juzgando.
Cuando el gobierno libio bombardea a su población civil, se toman sanciones internacionales. ¿Y en Colombia?
Cuando determinados sectores de esa población se levantan en armas y reivindican cambios, se les llama "rebeldes", "insurgentes", pero no he visto que ningún medio los tilde de "terroristas". ¿Y en Colombia?
En una empresa, cuando un trabajador es negligente, y no hace aquello para lo que se le paga, se le despide. ¿Y en la Audiencia Nacional?
¿Cómo puede ser que las actuaciones de los jueces no solamente no sirvan para restituir absolutamente nada, sino que sean en sí mismas una causa de injusticia y oprobio contra ciudadanos inocentes?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
NOTAS RECOMENDADAS POR REBELIÓN:
¿Por qué el juez Eloy Velasco no procesa a la presidenta Esperanza Aguirre? (Carlos Tena. Rebelión, 8 enero 2011)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119960
Remedios García recurre el auto de extradición de José Ángel Urtiaga, por contener acusaciones no probadas contra ella (Adolfo Mena. Rebelión, 8 noviembre 2010)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=116221
El caso de Remedios García Albert (Carlos Tena. Rebelión 5 mayo 2010)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=105259
Cómo se criminaliza a los defensores de los derechos humanos (Carlos Alberto Villanueva. Diagonal, 25 marzo 2010)
http://www.diagonalperiodico.net/Como-se-construye-una-matriz-de.html
ABC titularía: "Zaplana conspiró con peligrosos narco-terroristas, sólo Dios sabe con qué propósito" (Adolfo Mena. Rebelión, 7 marzo 2010)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101780
Eloy Velasco acusa sin pruebas al Gobierno venezolano de apoyar a las FARC y a ETA (Carlos Martínez. Rebelión, 2 marzo 2010)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101416
Las mentiras se han publicado y la calumnia se ha repetido como un mantra durante este tiempo -un año desde el procesamiento por parte del juez Velasco, dos años y medio desde el primer procesamiento de Remedios por el juez Garzón- sin que Remedios haya sido llamada a declarar ante ningún juez, ni haya podido defenderse de las acusaciones contenidas en ambos autos.
Finalmente, a Velasco no le queda más remedio que reconocer que no tiene causa contra Remedios ni contra Omar Arturo Zabala, y por tanto deja sin efecto el procesamiento acordado en auto de 24/02/2010 y las medidas cautelares acordadas contra ambos. Y Remedios comparecerá para declarar en condición de testigo y no de imputada, el 21 de marzo.
También se extrae de la lectura del auto emitido el 7 de marzo por el juez Velasco, que no hay absolutamente ningún sustento para alegar que haya existido colaboración institucional por parte de Venezuela con el entrenamiento y actividades de ningún miembro de ETA en su territorio, tal y como se publicó irresponsablemente hace un año.
El auto afirma, textualmente:
"Remedios García Albert y Omar Arturo Zabala Padilla, miembros de la Comisión Internacional de las FARC que en diversas ocasiones visitaron los campamentos de esta organización terrorista, no participaron en la gestión ni en la organización de los cursillos sobre armamento y explosivos con miembros de la ETA que Arturo Cubillas propició, limitando su labor en los mismos al adiestramiento en labores de uso de telecomunicaciones con los guerrilleros de las FARC, así como propaganda, adoctrinamiento político, confección de materiales para su publicación en webs, reportajes y la revista Resistencia, labores a las que se debe añadir las de apoyo logístico material, principalmente desde España, que se enjuician en las DP 261/08 del JCI 5 AN".
De esta forma, el juez Velasco reconoce que no tiene elementos para acusar a Remedios García y Omar Arturo Zabala de colaboración con ETA, pero plantea que el Juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, donde se instruye la causa abierta en julio de 2008 por el juez Baltasar Garzón, debe imputarles el delito de "integración en organización terrorista", basándose en las siguientes "pruebas":
- Los presuntos "correos electrónicos" (no hay ni un sólo correo electrónico, sino documentos de texto) supuestamente encontrados en el ordenador mágico, presuntamente incautado al comandante de las FARC Raúl Reyes, asesinado el 1 de marzo de 2008 en una operación conjunta de la Fuerza Aérea Colombiana con el Ejército estadounidense de bombardeo contra el territorio de Ecuador, violatorio de la soberanía de este país y que constituyó un crimen de guerra.
- Los testimonios de presuntos ex guerrilleros arrepentidos de quienes solamente se proporcionan los alias, y que afirman haber visto a Remedios en tal o cual campamento, y realizan diveras acusaciones contra su persona.
Se trata de la mismas y únicas pruebas que la Fiscalía colombiana tiene para judicializar y perseguir al periodista William Parra, y a la socióloga y defensora de derechos humanos Liliana Obando (actualmente en prisión, engrosando la lista de los más de 7.500 presos políticos del régimen colombiano). Tras la masacre cometida en el campamento de Raúl Reyes, el Gobierno colombiano trató de sostener una campaña propagandística para acallar el escándalo de la parapolítica, y construyeron el escándalo de la "Farc política", pero con el tiempo ninguna de las acusaciones que hicieron contra los políticos, periodistas y activistas que desde la izquierda señalaban sus crímenes, se pudo sostener en un tribunal. ¿La razón? Esas pruebas, que ahora se esgrimen contra Remedios en un auto judicial y en la prensa, sin darle opción a defenderse, sencillamente no resisten el menor contraste, y los montajes judiciales se caen al primer careo con la realidad.
Acusar sin pruebas
El "Informe Forense de Interpol sobre los ordenadores y equipos informáticos de las FARC decomisados por Colombia", supuestamente incautados en la incursión militar del 1 de marzo de 2008, cuestiona la posibilidad de su uso ante los tribunales de justicia.
En el propio informe se asegura, en diversos puntos, y en la conclusión 2b, que entre el 1 y el 3 de marzo hubo irregularidades y no se siguió el protocolo internacional que admitiría un tribunal:
“Conclusión no 2b: Entre el 1 de marzo de 2008, fecha en que las autoridades colombianas incautaron a las FARC las ocho pruebas instrumentales de carácter informático, y el 3 de marzo de 2008 a las 11.45 horas, momento en que dichas pruebas fueron entregadas al Grupo Investigativo de Delitos Informáticos de la Dirección de Investigación Criminal (DIJIN) de Colombia, el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley. ” (Pag. 8, Párr. 5)
Incluso en otro punto se pone en duda que un tribunal lo admita:
“77. Cuando los funcionarios de los organismos encargados de la aplicación de la ley acceden directamente a las pruebas electrónicas decomisadas sin hacer en primer lugar una copia imagen de los datos, el acceso a las pruebas y su visualización quedan registrados. El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas.” (Pág. 31, Apdo. 77)
En ningún apartado de este informe, se hace alusión a qué procedimientos llevó adelante el Departamento Administrativo de Seguridad de Colombia, DAS, entre el 3 de marzo a las 11:45 y el día 10 de marzo, en que las supuestas pruebas fueron entregadas a la INTERPOL. Las pruebas fueron obtenidas ilegalmente y sin respetar la debida cadena de custodia y, por tanto, no debería ser válidas ante ningún tribunal.
Según el mismo informe de la INTERPOL se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema.
El informe asegura que entre el 1º y el 3 de marzo se modificaron, crearon y borraron archivos de sistema. Indica, asimismo, que de los archivos de usuario sólo se hicieron aperturas, o sea que sólo se leyeron sin supuestamente modificar sus contenidos. Sin embargo, no indica qué archivos de sistema son los afectados y por qué, particularmente, fueron borrados algunos de ellos
Aparecen miles de documentos con fechas a futuro (1) que, según el mismo informe, puede que se generaran desde otras computadoras con estas fechas erróneas. Esta misma argumentación sería válida para asegurar que cualquier documento con fechas pasadas también podría haber sido modificado y transferido desde otras computadoras.
La Justicia española, vergonzosamente al servicio de la guerra en Colombia
Durante el último año hemos asistido a una ofensiva por parte del Gobierno colombiano encabezado por Juan Manuel Santos, que ha recurrido a los montajes judiciales para criminalizar a periodistas y activistas sociales, y para quitar del camino voces molestas. En septiembre de 2010 El Procurador colombiano (ente supuestamente encargado de controlar a los servidores públicos), Alejandro Ordóñez Maldonado, sancionó disciplinariamente a la senadora liberal Piedad Córdoba, con destitución e inhabilidad por 18 años "por haber promocionado y colaborado con las Farc".
El delito que realmente se persigue en todos estos casos es el haber promovido el intercambio humanitario de prisioneros entre las FARC y el Estado colombiano, las dos fuerzas beligerantes de una guerra que el Estado colombiano se niega a reconocer mientras bombardea a población civil y millones de campesinos son desplazados por el narco-paramilitarismo auspiciado y amparado por el Estado (como pone en evidencia, por ejemplo, el escándalo del DAS y la sentencia contra su director, Jorge Noguera Cotes).
Perseguir y promover un diálogo político para allanar el camino de la paz con justicia social en Colombia. Ese es el crimen también de Remedios, aunque no solamente de ella...
En el año 2000 Eduardo Zaplana recibió a Raúl Reyes y a una delegación de las FARC en un viaje que hicieron a Europa. Les recibió en el Palau de la Generalitat con honores de Jefe de Estado. Hasta ahora, no hemos visto ninguna acusación contra Zaplana ni conocemos su "alias" de guerrillero, pero a juzgar por el razonamiento del juez Velasco en su auto, debería ser igualmente imputado por "integración en organización terrorista", ya que uno de los delitos de Remedios habría sido ser "favorecedora de responsables de las FARC en foros internacionales".
Pero claro, era el año 2000, las FARC eran consideradas una organización beligerante en un conflicto armado que nadie se atrevía a poner en duda, y del que se pensaba que no había otra salida que el diálogo político. No había habido 11 de septiembre de 2001, ni la UE se había plegado a la estrategia estadounidense de "guerra global contra el terrorismo", ni se había aprobado por parte del Consejo de Europa una lista construida arbitrariamente y sin ningún sustento judicial ni parlamentario, de organizaciones consideradas "terroristas", en la que se incluyó a las FARC.
Una injusticia muy lenta
Hace dos años y ocho meses que Remedios García Albert dejó de ser una ciudadana con plenos derechos para pasar a un limbo legal y un linchamiento mediático del que no puede defenderse, porque mientras dan por buenas las "evidencias" fabricadas por el Estado genocida de Colombia, que se ha permitido incluso espiar e intervenir comunicaciones a diputados, europarlamentarios y abogados de media Europa, ningún juez la está juzgando.
Cuando el gobierno libio bombardea a su población civil, se toman sanciones internacionales. ¿Y en Colombia?
Cuando determinados sectores de esa población se levantan en armas y reivindican cambios, se les llama "rebeldes", "insurgentes", pero no he visto que ningún medio los tilde de "terroristas". ¿Y en Colombia?
En una empresa, cuando un trabajador es negligente, y no hace aquello para lo que se le paga, se le despide. ¿Y en la Audiencia Nacional?
¿Cómo puede ser que las actuaciones de los jueces no solamente no sirvan para restituir absolutamente nada, sino que sean en sí mismas una causa de injusticia y oprobio contra ciudadanos inocentes?
Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del autor mediante una licencia de Creative Commons, respetando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
NOTAS RECOMENDADAS POR REBELIÓN:
¿Por qué el juez Eloy Velasco no procesa a la presidenta Esperanza Aguirre? (Carlos Tena. Rebelión, 8 enero 2011)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=119960
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ABC titularía: "Zaplana conspiró con peligrosos narco-terroristas, sólo Dios sabe con qué propósito" (Adolfo Mena. Rebelión, 7 marzo 2010)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101780
Eloy Velasco acusa sin pruebas al Gobierno venezolano de apoyar a las FARC y a ETA (Carlos Martínez. Rebelión, 2 marzo 2010)
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=101416
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Hacia una genealogía de la violencia política reaccionaria en Colombia
Las tentativas teóricas por esclarecer los aspectos centrales de la violencia política en Colombia cobran, con el tiempo, una posición de fuerza predominante en la disputa del conflicto político y social que se libra al interior del país.
Después de declarada la actual crisis coyuntural del sistema económico capitalista, no fueron pocas la voces que predijeron el ascenso, al interior de las instituciones de la ONU, de la estrategia política del Estado colombiano para situarse como socio privilegiado –protegido- del capital transnacional (es imposible evitar la asociación directa entre la ONU y los intereses del capital transnacional). Todo ello, en medio de lo que se podría llamar el clímax de los escándalos que constataban la participación, a todos los niveles, de los agentes estatales colombianos en las graves violaciones a los derechos humanos.
Toda una bofetada para aquellos que han creído en lo que después de la II guerra mundial se llamó la “revolución jurídica de postguerra”. Y es que en América Latina tenemos motivos suficientes para dudar del impacto preventivo del código internacional de DDHH de la ONU. El mismo que en la actualidad se encuentra totalmente instrumentalizado, bien sea para librar la guerra contra el opositor político, como en el caso de los ataques contra Cuba y Venezuela, o bien, como vehículo para difundir la moral de la globalización económica capitalista.
En resumen, creo hay razones suficientes para declarar que nos hallamos ante un modelo de “protección” de la dignidad humana caduco, con importantes desarrollos teóricos, pero caduco. Por no mencionar lo antidemocrático que, por sí mimo, representa el núcleo básico –la idea filosófica- de lo que debe de ser el ideal de protección de la dignidad humana (qué debemos proteger y garantizar). En un mundo en el que millones de personas son sometidas a diario, y de forma premeditada, a morir por inanición, dejándolos en la más absoluta desprotección, algo va mal (la política internacional de los agro-combustibles puede ser un ejemplo).
La cuestión pertinente es si la ONU ha fracasado o, todo lo contrario, es un triunfo constatable –del capitalismo-, el hecho mismo de que el estado colombiano no haya recibido hasta el momento ninguna sanción.
Pero llegados a la esfera de la reflexión acerca de las causas estructurales de la violencia política reaccionaria (VPRN) en Colombia, se puede pensar que no es casualidad el hecho de que la teoría más extendida para el análisis de dicha violencia, sea la teoría basada en los desarrollos del derecho internacional de la ONU (1). Este sistema de derecho es el mismo que garantiza la pervivencia de los estados pérfidos como el colombiano. Aquello que en principio parecía una táctica, ha terminado por suplantar el análisis histórico -del origen y ascenso- de la dinámica de exterminio del movimiento obrero y popular y de todas sus formas organizativas y de lucha. Impidiendo así el desarrollo de una teoría responsable con los hechos y que se enmarque dentro de un pensamiento estratégico para el movimiento.
Por ejemplo, donde el derecho de la ONU –y de los estados- dice “impunidad”, el movimiento obrero y popular habla de mecanismos para el ejercicio del poder.
No se puede negar que como teoría, el derecho internacional, ha desarrollado categorías bastante coherentes y prácticas (como en el caso de los crímenes de lesa humanidad), pero debemos entender, de una vez por todas, que tampoco pretende -de manera premeditada y no por olvido- dar una explicación de las causas y objetivos funcionales de la violencia política reaccionaria, que no es más, que el ejercicio de la violencia física sobre los individuos políticos, o que representan dicha condición por el simple hecho de hallarse en posesión de un bien o recurso codiciado por el capital. Entonces, hay que dotase de una teoría correcta y esclarecedora del fenómeno de la VPRN, que facilite la lucha contra la misma, y así evitar el aniquilamiento de todas las fuerzas del movimiento obrero y popular colombiano.
Para tal propósito, creo que hay que partir de la constatación –o hipótesis, si lo prefieren- de que la VPRN tiene un carácter funcional, es decir, que opera como mecanismo facilitador de las condiciones que exige el modelo actual de acumulación de las riquezas. Que no son otras, que la “racionalidad económica en la administración de los conflictos de clase”, y esto pasa por la exterminio de las organizaciones de los trabajadores: reducir los salarios, desmontar sus conquistas y eliminar los sindicatos (en el caso de los campesinos, la VPRN busca: acabar con la pequeña propiedad, consolidar las condiciones para las grandes explotaciones ganaderas y agroindustriales a través de prácticas como la expropiación, la persecución, las ejecuciones, el señalamiento, el boleteo, el desplazamiento forzado y la proletarización del campesinado).
En la actualidad, cuando el relato de la memoria histórica se revela como un factor movilizador –y al mismo tiempo, como elemento de poder dentro del conflicto interno-, no podemos permitir que desde las esferas del poder se nos impongan los lemas que han de acompañar las reivindicaciones y anhelos de los trabajadores violentados. Sentencias (slogans) como la de “verdad, justicia y reparación integral” no recogen los aspectos socio-económicos de la VPRN. Más aún, en este modelo, el componente de “reparación colectiva” (2) es una burla y no contempla una categoría de restitución de las colectividades, en virtud de la cual, las comunidades de trabajadores violentados, puedan volver a ejercer su actividad política y económica, bajo los principios ideológicos y éticos que les sean más propicios, bajo las relaciones sociales de producción y en la forma organizativa, que en los momentos anteriores a la violencia, hubiesen acordado libremente las comunidades.
Es frecuente ver dicho slogan en los actos reivindicativos de los colectivos de víctimas en Chile y España, por ejemplo. Y la pregunta que surge es: ¿acaso es posible reparar los anhelos de pueblo chileno y de los republicanos españoles bajo este modelo de la ONU? ¿Cómo se entiende que después de la dictadura militar y del régimen fascista, aparezca como una solución única y “natural” a dichos regímenes, la democracia liberal y las relaciones capitalistas, descartando rotundamente volver a las formas de gobierno que precedieron a las violaciones?
Quizás uno de los elementos para dar respuesta a estas preguntas, es la constatación, de que la VPRN, aparece con mayor ímpetu en los momentos de las posibilidades revolucionarias de los pueblos.
No se puede olvidar que los desarrollos teóricos y su puesta en práctica, dependen de la voluntad de los poderes representados en la ONU. Entonces, la idea de la “reparación”, propuesta por este organismo, sólo es un concepto preliminar y orgánico –con una gran carga ideológica- que debe ser reevaluado y adaptado a las verdaderas necesidades del movimiento, que no son, precisamente, las mismas del capitalismo; cuyas aspiraciones se centran en suplantar los procesos organizativos, reivindicativos y revolucionarios, por la idea de la “reconciliación nacional” bajo el paradigma y la tutela de las democracias liberales.
La legalidad y el Estado son expresiones de clase y, como tal, representan intereses sociales concretos. La administración del derecho –a cargo del Estado y los organismos de la ONU- no tienen el atributo de la neutralidad.
Otra de las ideas que nos hemos visto obligados a aceptar en Colombia (también en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, España, Suráfrica, etc.) bajo este modelo de la ONU, es aquella que pretende repartir, por partes iguales, la responsabilidad sobre la violencia. Es decir, esta idea pretende que la VPRN es equivalente –en el balance global- a la violencia revolucionaria. Cuestión que debe ser tratada con más detenimiento, pero incluso, desde el derecho internacional, se puede anticipar que existe un alegato que señala con especial interés aquellos actos que son cometidos con la complacencia de los poderes y los cuerpos de seguridad de los estados (aunque el destino final de los mismos sea la impunidad). Así mismo, la equiparación de ambas violencias, trae consigo la connotación -que confirma algo que sospechábamos- de que la VPRN es la única forma que tienen los estados para conjurar una situación de disenso político, y no me refiero en exclusiva a una revolución social encabezada por organizaciones político-militares.
Entonces, para continuar con el debate, sólo quiero plantear algunas de las cuestiones que se enmascaran dentro del modelo de análisis de la violencia propuesto por la ONU, es decir, el modelo de análisis del derecho internacional:
1. ¿Cuáles son las relaciones sociales de producción que han hecho posible la perpetuación de la violencia política reaccionaria (VPRN)?
2. ¿Es posible llegar a un relato consecuente sobre la “memoria histórica”, sin poner de relieve la condición causal entre aquellas relaciones sociales y la VPRN?
3. ¿Es posible identificar algunos cambios en la estructura social colombiana que sólo han podido ser implementados por medio del ejercicio de la VPRN?
3. En el caso de la VPRN, ¿podemos dudar de que nos hallamos ante un proceso funcional?
4. ¿Es posible encontrar intereses económicos colectivos en la sociedad colombiana que se hayan beneficiado con la VPRN?
5. ¿La acumulación de capital se ha incrementado o, por el contrario, se ha constatado su retroceso durante el periodo de la VPRN?
6. ¿Existen datos –o indicios para promover una investigación al respecto- que puedan sustentar la tesis de que algunos de los periodos de máximos de la VPRN han coincidido con las políticas públicas que promovían las privatizaciones de las empresas de capital público?
Notas:
(1) Los principales instrumentos internacionales sobre derechos de las víctimas son:
- Declaración de las Naciones Unidas sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y Abuso del Poder.
- Principios y Directrices Básicos de las Naciones Unidas sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y del DIH a interponer recursos y a recibir reparaciones (conocidos como los principios de Van Boven/Bassiouni).
- El conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la Impunidad (conocidos como los principios de Joinet/Orentlicher).
(2) Joinet, Louis, “La cuestión de la Impunidad de los autores de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)”, Informe final 1996: “El derecho a la reparación implica tanto medidas individuales como medidas generales y colectivas…En el plano colectivo, las medidas de sentido carácter simbólico, a título de reparación moral, tales como el reconocimiento público y solemne por parte del Estado de su responsabilidad, las declaraciones oficiales restableciendo a las víctimas su dignidad, las ceremonias conmemorativas, las denominaciones de vías públicas, los monumentos, permiten asumir mejor el deber de la memoria”.
Carlos Alberto Villanueva
Colombia, marzo de 2011.
10 de marzo de 2011
CONCENTRACIÓN: PAREMOS LA EXTRADICIÓN DE LEYLA
Desde la Plataforma de Solidaridad con Colombia, en nombre de todas las organizaciones que la conforman, queremos dar las gracias a todas aquellas personas que nos han acompañado en la puesta en marcha de la campaña de solidaridad con nuestra compañera Leyla. ¡Muchas gracias!
El último de estos actos de puesta en marcha - que no el último, pues seguiremos luchando hasta que Leyla quede libre de toda persecución, cargo y sospecha- es la concentración que este Viernes se realizará en las puertas de la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de la Plaza de la Provincia #1, Madrid.
1 de marzo de 2011
CAMPAÑA CONTRA EXTRADICIÓN DE LEYLA
La campaña en contra de la extradición de Leyla ya está en marcha:
Este Viernes, día 3 de Marzo, charla coloquio sobre "Derechos Humanos y Represión en Colombia" a cargo de Martín Medem, Roberto Montoya (periodistas) y Enrique Santiago (abogado). Ateneo de Madrid, /Prado 21, 19:30)
Esta Sábado día 4, charla y fiesta de apoyo:
El Viernes día 11, concentración frente al Ministerio de Asunto Exteriores, a las 20hs.
NO A LA EXTRADICIÓN DE LEYLA ORDÓÑEZ
28 de febrero de 2011
NARCOTRÁFICO EN COLOMBIA: INTERESANTE LIBRO...
"La CIA financia sus operaciones con el narcotráfico"...
Recientemente el periodista Hernando Calvo Ospina presentó en España su último libro. Aquí está la información (fuente nodo50)
Recientemente el periodista Hernando Calvo Ospina presentó en España su último libro. Aquí está la información (fuente nodo50)
26 de febrero de 2011
SOLIDARIDAD CON LEYLA, EXTRADICIÓN NO.
La semana pasada, el día 15 de Febrero, la Policía Nacional detuvo a Leyla Ordóñez bajo la acusación del Estado colombiano - y petición de extradición- por su presunta pertenencia a las FARC. Fue puesta en libertad condicional sin fianza al día siguiente.
Leyla, compañera activista de la Plataforma de Solidad con Colombia-España, lleva más de una década como refugiada política en este país, debido a la persecución sufrida en Colombia. De nuevo, como en muchos otros casos anteriores, la persecución de la protesta social y la solidaridad traspasa las fronteras, pero no así la justicia universal, esa que debiera estar siendo aplicada contra el ex-presidente Álvaro Uribe, por ejemplo.
Estamos trabajando ya, junto a otros colectivos, agrupaciones y organizaciones, en el desarrollo de una campaña de solidaridad y apoyo con Leyla para impedir su extradición. Aquí está la información, junto a los comunicados emitidos por ahora. Tengan en cuenta ese enlace para más información de próximas convocatorias y noticias de la campaña.
SOLIDARIDAD CON LEYLA. EXTRADICIÓN NO.
QUE RE-PATRIEN A LOS PARAMILITARES DE NUEVO A COLOMBIA. Y QUE DE UNA VEZ LOS JUZGUEN, JUNTO A URIBE.
MUCHO MEJOR.
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